Luego de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a un amparo colectivo, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva sostuvo que el protocolo “tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que van a defenderlo “a toda costa”.
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Ante esto, el Gobierno adelantó que apelará la decisión mediante un comunicado difundido por la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, escribió la funcionaria en X.
“Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, siguió la ministra.
Y sumó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
Lo mismo fue comunicado en la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde donde aseguraron que “se apelará esta decisión de la Justicia”, y agregaron: “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”.
Qué dice el fallo
En su fallo, el juez señaló: “Se conforma –de manera manifiesta– la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y –en consecuencia– corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
Además, indicó que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.
La reacción de los denunciantes
“La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, destacaron desde el Cels en un posteo en su cuenta de la red social X.
Según indicó, “el juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle «instrucciones a la policía», la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”.
“El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, agregó.
La última vez que se aplicó el protocolo antipiquetes fue a mediados de diciembre, en la marcha de la CGT contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.
Una causa que aún está en curso por la aplicación de ese procedimiento es la que busca determinar los hechos sucedidos durante la marcha del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo estaba a metros del edificio del Anexo del Senado, en las inmediaciones del Congreso, y recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno mientras intentaba capturar imágenes de lo que sucedía allí.
Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE, escribió en X que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla” y celebró como “un gran avance contra la represión” el fallo judicial.
“Comienzan restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno”, destacó, pero advirtió que “si se hubieran animado antes”, cuando Bullrich aún estaba al frente de la cartera de Seguridad, “se hubieran evitado más de 1.400 heridos en las manifestaciones”. “Ya era hora de que ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado”, completó.
