Hoy el ministro estará en Nueva York, donde tendrá una agenda de reuniones con think thank e inversores. La semana que viene será el turno de encuentros con el FMI y el Banco Mundial.
Martín Guzmán tiene todo preparado. Desde el Gobierno le aseguraron (juraron) al ministro de Economía que no habrá tormentas internas económicas referidas al Fondo Monetario Internacional (FMI); para que su misión que se inicia hoy sólo dependa de él. Se le prometió que no habrá declaraciones irritantes en referencia a la negociación con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, lo que le permitiría al viajero a Washington poder concentrarse en los diálogos con la ahora responsable del caso argentino Julie Kozac y en los privados que mantenga con la propia Georgieva, sin estar alerta por los ruidos que puedan llegar desde Buenos Aires. Todos (el Presidente, el Gabinete Económico y el “ala política”) saben que la misión de Guzmán es una de las claves para 2021, y que de su éxito pueden depender gran parte de los objetivos electorales del año legislativo. Al menos para sostener la “pax” que reina desde diciembre de 2020.
El ministro partió anoche a Nueva York, su primera escala, para cumplir desde hoy con una agenda de diálogo con inversores, antes de las reuniones previstas con las autoridades del Fondo y del Banco Mundial la semana próxima en Washington.
El ministro de Economía y su equipo ya elaboraron el mix de al menos 5 capítulos donde rondarán los reclamos, promesas y condiciones para el acuerdo que se discutirá el Washington. Si bien las negociaciones abiertas en octubre del año pasado nunca se cerraron, y que incluso en algún momento entre fines de enero y la primer quincena de febrero hubo ciertas posibilidades de avanzar en un acuerdo, hoy las partes están realmente lejos del apretón de manos.
El primer punto que “debe” exponer Guzmán en Washington es insistir en la responsabilidad del FMI sobre la negociación, firma y ejecución del stand by cerrado con el gobierno de Mauricio Macri por unos u$s44.800 millones. El ministro debe profundizar sobre el informe interno por el otorgamiento del préstamo que la conducción del organismo mandó a ejecutar, y el grado de responsabilidad que ese “paper” debería esclarecer. Puntualmente quiere saber si habrá una severa autocrítica que sirva en Buenos Aires para justificar la avanzada legal contra funcionarios del macrismo. Y los tiempos en los que esas conclusiones puedan ser públicas. Si sabe Guzmán por los datos que llegan de Washington, que probablemente el FMI sea crítico de la manera en que se aprobó ese préstamo, sabiendo que se firmaba algo que la Argentina no podía cumplir.
El segundo capítulo que lleva Guzmán en su portafolio, es el primero de la rama “técnica”. Se sabe que debe ser dentro de los términos del “Facilidades Extendidas”, con lo que se deberá respetar los términos habituales sobre la forma de pagos. La clave del potencial acuerdo es que se respeten los términos de pagos de intereses al comienzo de cada año, y de capital hacia el fin de cada ejercicio. Y que haya un plazo de liberación de liquidaciones de no menos de 4/ 4,5 años. Según el estatuto del FMI estos lineamientos son posibles, pero representan los acuerdos más flexibles posibles. En este caso será una tarea de convencimiento. Donde parece que hay acuerdo es en la tasa de interés menor a 3% máximo que aplica el organismo.
El tercer capítulo depende del anterior. El gobierno quiere que el Fondo aplique cambios que no están dentro de su carta orgánica, y que el tiempo de plazo supere los 10 años máximo reglamentarios para un “Facilidades Extendidas”. En febrero Economía aceptaba el límite. Sin embargo el ala política senatorial del gobierno, rechaza ese plazo y exige que el organismo acepte sus responsabilidades y que avale un acuerdo a plazos mayores.
El cuarto capítulo tiene que ver con los montos a pagar. Teóricamente el Facilidades Extendidas clásico le permitiría a la Argentina pagar capital desde el 2026 (el primer o segundo semestre dependerá de la firma del acuerdo en 2021 o 2022); liberando liquidaciones durante toda la gestión actual de Alberto Fernández. El problema es que los pagos se acumularían en 7 años, obligando a un plan de cuotas de interés y capital acumulado con pagos superiores a los u$s 4.000 o 5.000 millones anuales.
El quinto capítulo es el más importante. Y polémico. Al menos para Washington. Argentina quiere un acuerdo flexible en cuanto a las condiciones, que no incluyan reclamos desproporcionados de ajustes fiscales y promesas de equilibrios macroeconómicos que impliquen la necesidad de alzas tarifarias y disminución de subsidios, considerados desmedidos a los ojos del “ala política”. También es un problema la obligación, según la carta orgánica del FMI, la apertura de los números de la economía local a las fiscalizaciones trimestrales de los enviados del fondo a Buenos Aires.
