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El Consejo de la Magistratura de la Nación evalúa la no renovación e, incluso, la rescisión anticipada del contrato con la empresa privada que, desde octubre de 2017, se ocupa de calcular los descuentos de Ganancias a los nuevos magistrados y empleados que ingresaron ese año al Poder Judicial, y tuvieron que empezar a pagar ese impuesto a partir de la ley sancionada a fines del 2016.
Así se lo confirmó el presidente del organismo, Ricardo Recondo, a Infobae luego de que trascendiera la carta que un grupo jueces le hizo llegar ayer, expresando su preocupación por el acceso a información sensible de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, protegida por el secreto fiscal.
El tema se discutió informalmente hoy en una reunión entre varios consejeros, convocada con anterioridad por otro tema, y se tratará en el plenario de la semana próxima.
Los 13 magistrados que firmaron la carta –todos pagan Ganancias por haberse incorporado al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017- se sumaron al reclamo en el mismo sentido que presentó, también ante el Consejo, el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato.
La carta enviada por la UEJN al presidente del Consejo de la Magistratura
Según le dijo Recondo a este medio, por la delicada situación financiera del organismo –el 94% de su presupuesto se va en gastos de personal- “no hay posibilidades de contratar contadores que trabajen para el Consejo, por lo que la decisión es capacitar a gente propia, lo más rápido posible“. Agregó que ya le dio instrucciones al actual administrador para que avance en ese sentido. “El cálculo del descuento es complejo porque depende de diferentes componentes del salario y varía en cada cada caso particular“, admitió.
En función del tiempo que demande esa capacitación -afirmó Recondo-, “se evaluará la posible rescisión anticipada del contrato que termina en julio, teniendo en cuenta los costos de esa decisión“.
Piumato advirtió además que la empresa contratada –DDL Outsourcing SRL– “no solo se dedica a la tarea encomendada por el Consejo, sino que además, efectúa tareas atinentes a la administración de personal, gestión de talentos, selección y búsqueda del personal, entre otros servicios. Es decir, se trata de una empresa diversificada que ofrece una amplia variedad de servicios y no resulta -en modo alguno- abocada únicamente al proceso contable de calcular el mal llamado impuestos a la Ganacias 4ta categoría”.
Tanto para el gremio como para los jueces que firmaron la carta a Recondo, el cálculo del pago correspondiente de este impuesto debería hacerlo personal del propio Poder Judicial.
“A nuestro juicio se trata de una situación de gravedad que amerita poner en conocimiento de esta situación a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto custodios de los sueldos de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron los magistrados en la misiva.
En diálogo con Infobae, uno de los firmantes aclaró que “no se trata de una denuncia, ni de un cuestionamiento a pagar el impuesto. Es una cuestión de gobernabilidad del propio Poder Judicial que debe ser atendida, y respecto del cual no puede ser ajena la Corte en cuanto máxima autoridad, y quien fija la paritaria salarial que alcanza a todos“.
El Consejo está obligado a practicar los descuentos de Ganancias que fija la ley a todos los jueces federales y nacionales, funcionarios y empleados judiciales alcanzados por el impuesto, que suman más de 800 en total, de los cuales 140 son magistrados. No incluye a los ministros ni funcionarios y empleados de la Corte Suprema, que administra su propio presupuesto y liquida por separado los descuentos de Ganancias.
Como parte de una negociación con el Gobierno tras la sanción de la ley impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli, el Consejo dictó en febrero pasado una resolución por la que estableció qué ítems del salario de los jueces, funcionarios y empleados judiciales que ingresaron a partir del 1 de enero de 2017 están alcanzados en el cálculo del impuesto.
Descuentos de más
En la carta firmada por los magistrados, además de expresar su preocupación por la cantidad de datos sensibles personales a los que tiene acceso DDL Outsourcing SRL , señalaron que hubo “claros errores en los cálculos para aplicar los descuentos”.
En un caso al que tuvo acceso Infobae, el descuento a un magistrado ascendía a casi el 30% del sueldo, cuando el porcentaje previsto en la resolución del Consejo que fijó qué ítems estaban exentos, el descuento rondaba entre el 12% y el 15% del salario de los magistrados.
Fuera de micrófono, un juez que viene de carrera judicial, asumió en 2017 y comenzó a pagar el impuesto desde principios de este año, admitió que ese porcentaje es considerado “alto” entre la mayoría de sus colegas, “especialmente si se quiere ir incorporando de a poco a los que nunca pagaron hasta ahora”. La cifra que tendría consenso para ir ampliando la cantidad de jueces dispuestos a pagar no debería ser inferior al 5% ni superior al 10%.
Cómo fue la contratación
La empresa DDL Outsourcing SRL fue contratada por primera vez en octubre de 2017, por el anterior administrador del Consejo, Agustín Cinto. Se hizo a través de la Contratación Directa Nº 796/2017, ya que esta modalidad permite un trámite simplificado y en tiempos más rápidos. El monto fue de $184.041 en total, por los nueve meses previstos inicialmente para brindar el servicio.
El contrato fue renovado en julio de 2018 hasta julio de este año, por un total de $485.868, lo que implicó un importe mensual de $40.489.
Fuentes cercanas a la anterior administración explicaron a Infobae que la decisión se tomó porque “no había gente capacitada para hacer la liquidación de los descuentos de Ganancias, ya que es un cálculo complejo, y el Consejo debía hacerlo a partir de 2017 por la sanción de la ley, y no contaba con el personal especializado”.
Asimismo, explicaron que el procedimiento de “contratación directa” estaba habilitado por ley porque el monto no superaba los $800.000, y a fin de darle celeridad al proceso. Aclararon que “no significa que se eligió una empresa a dedo, sino que se convocó a que se presenten varias. En la primera oportunidad, se presentaron dos oferentes, y todo el proceso pasó por el área de Compras, de Legales, por Auditoría Interna, hasta llegar a la Dirección de Administración Financiera”.
Las fuentes destacaron que “el contrato contempla una cláusula de confidencialidad, como tienen todos los estudios contables que liquidan haberes y efectúan las retenciones de Ganancias”. También defendieron la contratación ya que “el monto acordado era muy inferior a la contratación de personal extra para hacerlo dentro del propio Consejo“.
